Iván Cheuquelaf, Secretario ejecutivo, Mesa de Medio Ambiente de la Sofofa: “Hay normas ambientales que vuelven a votarse en el Pleno que pueden afectar la inversión”

La Sofofa, el gremio que representa a los industriales, afirma que no se ha sentido escuchado en la Convención Constituyente. Presentaron tres iniciativas populares, de las cuales, la única que reunió las firmas mínimas, "Emprende Libre", no fue acogida. Tampoco consiguieron un cupo para exponer sus demandas, porque el criterio era "escuchar a los que nunca habían sido escuchados", argumenta Iván Cheuquelaf, secretario ejecutivo de la Mesa de Medio Ambiente de Sofafa.

No obstante, el gremio ha seguido de cerca la discusión de los constituyentes desde dos instancias, en la Mesa Constitucional, liderada por Marisol Peña y en la Mesa de Medio Ambiente, encabezada por Susana Jiménez, particularmente de las iniciativas de medio ambiente que han pasado por el Pleno. De ellas, hay tres normas que les preocupan por el impacto que podrían tener en la inversión: los derechos de la naturaleza, el tratamiento de la consulta indígena y la ratificación posevaluación ambiental ciudadana de los proyectos.

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la naturaleza, Bienes naturales comunes y Modelo económico, dividió su trabajo en tres áreas, el Bloque A, que abarca derechos de naturaleza, bienes naturales y justicia ambiental; Bloque B, que incluye agua y justicia territorial, y el C, de modelo económico. El informe del primer bloque ya fue votado por el Pleno, donde se rechazaron la mayoría de las normas. Hoy, está a la espera del informe de reemplazo y una nueva fecha para volver a votar las iniciativas en el Pleno.

Derechos de la naturaleza y justicia ambiental

De las 40 iniciativas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente en el Bloque A, solo se aprobaron un inciso y un epígrafe. Frente a esto, Cheuquelaf no ve con esperanzas el futuro.

"Está bastante difícil que vaya mejorando el trabajo de la Comisión. Vemos que el tenor de las deliberaciones del Bloque B ha mantenido la misma línea del Bloque A. Por ejemplo, se aprobó la nacionalización de la minería, entonces no se ve un avance", dice.

Explica que al gremio le preocupan tres temas de este bloque, los derechos de la naturaleza, el tratamiento hacia la consulta indígena y la ratificación de la ciudadanía posevaluación ambiental de los proyectos. "Son temas que dificultan el desarrollo de la inversión. Pese a que las normas no alcanzaron los votos de los convencionales, todas vuelven a la Comisión para ser reformuladas", afirma.

Iván Cheuquelaf, Secretario ejecutivo, Mesa de Medio Ambiente de la Sofofa.

Respecto a los derechos de la naturaleza, argumenta que "el problema son los límites. Qué es la naturaleza y cuáles serán esos derechos no están claramente definidos, generando mucha incertidumbre y, en consecuencia, un congelamiento de la inversión. Los inversionistas inician nuevos proyectos cuando están las reglas claras y pueden hacer la comparación sobre si la inversión es más rentable en un lugar que en otro".

En relación a la consulta indígena, la preocupación radica en que ya no se estaría actuando de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La consulta indígena se había entendido hasta ahora como un proceso de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo y considerar los intereses de los pueblos indígenas en la toma de decisiones públicas. Lo que están proponiendo ahora es un derecho a veto sobre si los proyectos se pueden hacer o no en territorio indígena, lo que no está contemplado en el Convenio 169", señala Cheuquelaf.

El gremio también alerta del artículo 34° que establece la ratificación de la autorización de actividades que requieren de evaluación ambiental, "consigna que una vez que un proyecto obtenga su autorización ambiental, sea la ciudadanía la que finalmente decide si se hace o no, lo que afectaría mucho el desarrollo de proyectos", afirma Cheuquelaf.

Agua y justicia territorial

En lo que concierne al Bloque B, en discusión en la Comisión de Medio Ambiente, afirma que hay algunas temáticas que preocupan al gremio: los derechos del agua; la nacionalización de la minería; la nulidad de los permisos en tierras indígenas y la soberanía alimentaria.

Señala que el sector alimenticio "está muy alerta a propósito de la discusión que hay entre soberanía alimentaria versus seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria tiene una mirada más nacionalista, de satisfacer las necesidades propias y con una mirada crítica hacia el libre comercio".

Respecto de los derechos del agua, Cheuquelaf, afirma que es "una tremenda preocupación", sobre todo por el impacto que puede tener en el desarrollo de actividades como la agricultura.

"El principal consumidor de agua es la agricultura y dentro de ella, hay pequeños agricultores que son el grueso del actual sistema de derechos de aprovechamiento de agua", argumenta.

Añade que la modificación del Código de Aguas generó un "consenso transversal" en las fuerzas políticas del Congreso, y que una revisión de ese consenso, les "preocupa".

Por otra parte, en torno a la renacionalización del cobre plantea que no solo afectaría a los actores incumbentes -los que hoy operan-, sino también a los que están empezando a invertir en Chile. "Nadie va a invertir si hay riesgo de nacionalización", advierte.

Territorio indígena e inversión

Cheuquelaf afirma que la propuesta de nulidad de permisos en tierras indígenas tendría "consecuencias muy negativas para la inversión", principalmente en el sector minero.

"Hay una indefinición sobre cuáles son los territorios indígenas. Hoy tenemos una cierta delimitación, pero la figura es distinta, no tiene la connotación territorial que tiene el concepto de territorio o de autonomía territorial indígena que se está discutiendo", señala.

Precisa que las áreas de desarrollo indígena, que son grandes extensiones de superficie en el norte y en el sur, son consideradas tierras ancestrales. "Hay toda una discusión que se deja pendiente, porque no corresponde que en la Constitución se definan los límites de los territorios indígenas, lo que está directamente relacionado con el impacto en la actividad económica", dice.

Cheuquelaf agrega que en tierras ancestrales indígenas "hay ciudades enteras. El tema no es solo qué pasa con las grandes inversiones o compañías, sino qué pasa con lo pequeño, lo mediano y lo cotidiano de los ciudadanos que viven en una proporción alta de territorios que pudiesen ser reclamados como territorio indígena, que es lo que pasa en la macrozona sur".

Se espera que esta semana se continúe con la votación en particular del Bloque B y las votaciones del informe de reemplazo del Bloque A.

Constitución ecológica y desarrollo sostenible

Cheuquelaf dice que en el gremio ven con "preocupación y decepción" que, por ejemplo, toda la iniciativa de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación "no se han tomado en cuenta. Es necesaria una mirada hacia la sostenibilidad".
Lo que se ha visto en la Comisión, afirma, es una visión de Constitución ecológica que apela solo al pilar medioambiental y deja de lado el económico y social.
"Quizás es una de las grandes fallas que podemos ver de los informes. La Comisión no ha logrado hacer clic en el tono con el que se deben proponer las normativas", dice.
Señala que la iniciativa popular "Por una Constitución Sostenible" que propuso Sofofa impulsaba un equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad: el pilar social, el económico y el medioambiental, algo que el gremio viene trabajando "hace tiempo". Explica que esta norma servía como "llave" para resolver conflictos entre los distintos derechos, por ejemplo, entre los de propiedad o económicos con los derechos sociales.
"En la discusión hay muchas banderas particulares, se busca que queden en la Constitución cosas bien específicas más bien propias del mundo del activismo. Una de las razones por las cuales se rechazaron las normas en general en el Pleno, es porque muchas de ellas son materia de otros instrumentos, como reglamentos o leyes", afirma.